Oswaldo Avellaneda: ¿nuevo aliado estratégico del poder político en el Meta?

El actual diputado Oswaldo Avellaneda se prepara para disputar un escaño en la Cámara de Representantes. Sin embargo, a diferencia de anteriores contiendas donde se presentó como independiente y defensor de causas sociales, esta vez su participación parece responder a una estrategia política impulsada por el bloque que hoy controla el departamento del Meta: un escenario donde gobierna la mandataria Rafaela Cortés, pero en el que tiene gran influencia el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga.

Avellaneda, conocido por su capacidad de adaptarse a diferentes corrientes ideológicas, ha transitado entre discursos progresistas y alianzas con sectores tradicionales. Su trayectoria evidencia un uso reiterado de las banderas sociales, no necesariamente con fines transformadores, sino como herramientas para consolidar su presencia política.

Diversas fuentes señalan que el diputado ya tendría presencia dentro de la administración departamental y que su papel sería clave como puente entre la Gobernación y la Asamblea. Según estas versiones, su candidatura no tendría como objetivo principal alcanzar una curul, sino cumplir dos funciones políticas concretas: obstaculizar el crecimiento del Partido Verde en el Meta y garantizar que los recursos y apoyos de la maquinaria política favorezcan la continuidad del grupo actualmente en el poder.

Este movimiento busca, en esencia, debilitar las opciones de oposición en la región y consolidar un modelo político basado en el manejo de cuotas, el clientelismo y los acuerdos estratégicos. La figura de Avellaneda se perfila entonces no como la de un líder con agenda propia, sino como un actor funcional a los intereses de quienes hoy dominan el panorama político departamental.

Actualmente, se le ha visto acompañando a la gobernadora Cortés en distintos eventos oficiales, manteniendo un discurso centrado en lo social, pero con un trasfondo que, según críticos, apunta más a mantener espacios de poder que a transformar realidades.

¿Hasta qué punto es legítimo el uso del discurso social como herramienta política cuando este no se traduce en acciones concretas en favor de la ciudadanía?